Me han pedido que firme un papel en la residencia geriátrica

diapo consentimiento

Un papel que se entrega a firmar al residente de un geriátrico o a su tutor legal puede ser precisamente eso: un CONSENTIMIENTO INFORMADO, una gran conquista del derecho, un instrumento básico para garantizar los principios éticos que los profesionales deben mantener para con los pacientes (no maleficiencia, beneficiencia, autonomía y justicia), regulado por  la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Por ejemplo: se tramitan en la aplicación procedimientos invasivos con algún riesgo, como el sondaje urinario, extración de un tapón de cera, o cualquier otro procedimiento con ciertos riesgos que tiene – o no -diversas alternativas. El derecho sanitario se ha tomado muy en serio la correcta información y tramitación de consentimientos, ya que actualmente, el 70% de las reclamaciones por daños sanitarios son debidas a vicios en el consentimiento informado.

Aunque la prestación de atención sanitaria no es el fin de la mayoría de residencias geriátricas , sí que tienen como obligaciones:

    1. La “protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad”, como cualquier otro servicio ofertado a consumidores y usuarios  (Art. 8 del RDL 1/2007 del 16 de noviembre, Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios)
    2. “Facilitar y potenciar el mantenimiento de la autonomía de la persona mayor” (principio fundamental, del Libro Blanco de Atención a la Dependencia del IMSERSO).
  • ¿Existen procedimientos de trabajo en las residencias geriátricas (por acción u omisión) que puedan afectar al mantenimiento saludable de sus usuarios y que, por tanto, deban informarse y ser objeto de consentimiento? 

Veamos:

LO DESEABLE/ LO QUE DICE LA CIENCIA

LA REALIDAD

En relación al mantenimiento saludable de la persona mayor:

El ejercicio físico y la movilidad es una intervención fundamental para el mantenimiento de la funcionalidad física, del bienestar emocional y calidad de vida de personas institucionalizadas, incluso en los ancianos más frágiles. La prevención de la inmovilidad es uno de los objetivos  médicos clave frente a los  síndromes geriátricos

Sobre las  sujeciones que limitan la movilidad:

El deterioro físico y funcional  se asocia al uso de contenciones físicas; el declive cognitivo se acentúa cuando se usan contenciones físicas y/o químicas.
El modelo de atención centrada en la persona proporciona mejores resultados sobre la funcionalidad de los mayores que el modelo basado en el uso de sujeciones físicas y químicas, sin que necesariamente aumenten las caídas o la gravedad de las mismas.
La eliminación de sujeciones no se relaciona con aumento de caídas y sí con aumento de autonomía y bienestar de las personas.
Las inspecciones de residencias: constatan que las inmovilizaciones irregulares y forzadas son las infracciones más frecuentes (datos publicados de Bizcaia, en general desconocido en resto de España).
Los estudios comparativos de la atención a mayores institucionalizados señalan que España destaca entre los países europeos por la inferior calidad de vida, y el mayor uso de contenciones físicas y químicas en residencias geriátricas (European RightTimePlaceCare Study)
Estudios españoles de las consecuencias de la institucionalización objetivan que se relaciona con aumento del deterioro funcional y deterioro cognitivo.
 Las actividades preventivas sanitarias como el ejercicio físico son deficitarias en residencias geriátricas españolas.

Sobre las sujeciones, su información y consentimiento en geriátricos:

Nota: las barras de la cama también se consideran contención física si no suponen una ayuda sino un obstáculo a la movilidad voluntaria, y no pueden ser retiradas por la propia voluntad del paciente .

  • Entonces ¿es necesario el consentimiento informado en la aplicación de sujeciones físicas en una residencia geriátrica?

Sí, y además es requisito el registro con todos los detalles en la historia clínica. Así lo avalan los juristas Pilar García y Juan Luis Beltrán – brillantemente explicado en su análisis jurídico del Decreto Foral de contenciones en residencias navarras-, la revisión sobre aspectos médicolegales de las contenciones físicas o farmacológicas (2014), el Comité Bioético de España y la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial. Por tanto, la aplicación de sujeciones físicas tiene que ajustarse a la Ley 41/2002.

En consecuencia ello supone:

Para el usuario o paciente: su pleno reconocimiento como ser con dignidad y autonomía ante las decisiones o propuestas de profesionales que lo tratan o cuidan. Desde 2011 el Tribunal Constitucional ha elevado el consentimiento informado a autentica categoría de derecho fundamental del usuario, con la consecuencia de una protección cualificada (STC 37/2011).

Para el profesional: garantiza la verificación de los principios éticos y deontológicos que deben guiar su ejercicio profesional y la lealtad hacia sus pacientes.

Por supuesto, la tramitación del consentimiento informado para uso de un medicamento cuando se usa como sujeción química está ya perfectamente estandarizado y  es imperativo legal cuando no tiene esa indicación terapéutica autorizada, como para cualquier otro medicamento usado en condiciones fuera de ficha técnica. Por ejemplo, se debe tramitar con ciertos neurolépticos, como quetiapina cuando se usa en personas que no padecen esquizofrenia ni trastorno bipolar.

  • ¿Quién debe prescribir, y por tanto tramitar los consentimientos informados de las contenciones físicas?

El médico responsable de la persona en condiciones ordinarias (médico de cabecera, si es el caso), por consideración unánime, y corroborado por el Defensor del Pueblo personalmente.

Se fundamenta en el hecho de que existen argumentos jurídicos, éticos y científicos para trazar fronteras claras entre el uso terapéutico y el abuso de las contenciones, por lo cual sólo son admisibles en el contexto de un uso terapéutico, debidamente justificado, explicitado y analizado dentro del contexto clínico del paciente, para garantizar el cumplimiento de los principios de no maleficencia y beneficencia. Como tal medida terapéutica, requiere valoraciones clínicas que pueden entrañar cierta complejidad, algunas competencia exclusiva médica: desde potenciales riesgos psicológicos – a veces más que evidentes – a estimar el riesgo de muerte inmediata (dos casos conocidos de pacientes jóvenes en 2017), o del riesgo de precipitación de delirium, sin olvidar los riesgos por accidentes o negligencias fatales, el posible declive físico y cognitivo, o el simple deterioro de la calidad de vida por la privación del único elemento que ha demostrado mejorarla, el ejercicio físico.

Sólo en caso de urgencia vital inminente, si no está el médico presente, puede un enfermero indicar la contención, comunicándola al médico lo antes posible, para que se prescriba y se documente debidamente, o proceder a comunicación judicial si no existe consentimiento del afectado y se prevee mantener la medida.

Y sólo en caso de lo que se denomina “necesidad terapéutica” podrían actuar sin informar: en caso de riesgo para la salud pública o en caso urgencia vital e inmediata, y que se dé, simultáneamente, la circunstancia de que el sujeto no esté en condiciones de tomar decisiones. En tal caso deben comunicarse al ministerio fiscal lo antes posible para garantizar la preservación de los derechos del paciente. También, siempre que sea posible, en este caso, se debe informar a los familiares o acompañantes de la necesidad de aplicar esta medida, solicitando el consentimiento para la misma por escrito, y asegurando que el paciente participe en la medida de lo posible en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario.

Muy importante: nunca se podrá justificar una contención física  por la comodidad o mejor descanso del personal sanitario o cuidadores.
  • ¿Quién informa si hay varios profesionales implicados en el procedimiento o las decisiones?

El médico responsable del paciente es el garante de que reciba la información y su interlocutor legal. No obstante, si hay varias profesionales que participan en el proceso, cada uno de ellos debería informar en el campo de sus funciones propias.

La realidad de los centros geriátricos es muy hetereogénea en lo que se refiere a la atención médica al usuario, pudiendo darse la circunstancia que se deban de sintonizar dos opiniones médicas (el del geriátrico y el de cabecera), lo que no debería afectar a la oferta de una  información adecuada. En la práctica resulta que los enfermeros de las residencias son, a día de hoy, por proximidad y organización laboral, los que toman la iniciativa con gran frecuencia, y que en tal caso tendrán la obligación de solicitar la ratificación al médico responsable con la mayor celeridad posible si es que actúan por razón de urgencia. Y si no es urgencia deberán esperar.

  • ¿Cómo y qué se debe informar?

La información al paciente ha de ser puntual, correcta, veraz, leal, continuada, precisa, exhaustiva, comprensible (adaptada al nivel de conocimientos del destinatario), y también debe ser suficiente, con datos claros y precisos, para poder decidir sin coacciones ni tergiversaciones. Para dar cumplimiento a  esto, la Ley Foral sobre la aplicación de sujeciones en el ámbito asistencial de residencia, especifica que se deberá incluir al menos:

 -Identificación y descripción del tipo de sujeción a aplicar;
 -Objetivos de la aplicación;
– Beneficios que se esperan alcanzar;
– Inexistencia de alternativas razonables a la aplicación;
– Consecuencias previsibles de la aplicación;
– Consecuencias previsibles de no utilizar sujeciones;
– Riesgos frecuentes de la aplicación;
– Riesgos poco frecuentes, cuando sean de especial gravedad y estén asociados a la aplicación por criterios científicos
– Riesgos y consecuencias en función de la situación del afectado y sus circunstancias personales;
– Contraindicaciones

También se debería especificar el tiempo que se mantendrá la medida, además de los procedimientos de supervisión.

El consentimiento informado debe ser explícito para la situación y en el mismo momento en el que se va a tomar la decisión, no considerándose válidos los consentimientos genéricos ni los diferidos en el tiempo.

Cada consentimiento informado debe acompañarse de un documento revocatorio.

  • ¿El consentimiento, verbal o escrito?

Según la ley 41/2002 el consentimiento debe ser por norma general oral, y escrita en supuestos tasados: intervenciones quirúrgicas, procedimientos invasivos y actuaciones que entrañen riesgo notorio para el paciente. Nos encontramos con la gran imprecisión de determinar si el uso de una contención física puede suponer un “riesgo notorio”, y por tanto requiere consentimiento escrito. Por su vulneración de un derecho fundamental como es la libertad de la persona, su repercusión sobre la calidad de vida, y por el nivel de fragilidad de la población concernida, el escrito es la recomendación que realizan diversas guías. El Comité Bioético de España establece que “el consentimiento informado de una contención debe ser, en todo caso, por escrito cuando vaya a utilizarse más allá de un episodio agudo motivado por un riesgo vital urgente, por considerar que nos encontramos ante procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de previsible y notoria repercusión sobre la salud del paciente y atentan contra derechos fundamentales de las personas como la libertad, y contra principios y valores como la dignidad y la autoestima, entrañando, además, riesgos físicos y psíquicos”.

Hay que tener en cuenta, en cualquier caso, que dada la necesaria coordinación y aclaración mutua entre profesionales de distintos ámbitos (sociales y sanitarios), que posiblemente no compartan acceso a una historia clínica única,  el consentimiento escrito es el único que tiene valor probatorio en el caso de malentendidos, o si se precisa intervención judicial.

Siempre se debe dejar constancia escrita en la historia clínica de las las condiciones de aplicación de la contención.

  • ¿A quién se informa, y quién firma el consentimiento escrito?

Fuera de los supuestos de riesgo para la salud pública o necesidad vital urgente, la intervención debe ser consentida por el paciente o, en caso de incapacidad, debe de ser prestado consentimiento por representación (tutor o familiar más próximo), sin que ello no sea excusa para recabar la posible opinión o actitud de la persona afectada, ya que como aclara el profesor Juan Siso, una cosa es una persona incapacitada y otra una persona incapaz para manifestarse inequívocamente ante cuestiones tan básicas como la restricción de la libertad de movimientos.

La prestación del consentimiento por representación se hará siempre en favor del paciente y con respeto a su dignidad personal, atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o la salud.

  • ¿Y si el afectado (residente) o su representante se niegan a la sujeción recomendada?

Tal y como especifica el Defensor del Pueblo tiene que someterse a consideración judicial.

El profesor Juan Siso también aclara que deberá comunicarse al juez la aplicación de contenciones en el caso de que el internamiento previo de la persona haya sido involuntario (decidida por familiares o tutor), ya que se trata de acciones independientes contra la libertad individual.

La ley 41/2002 contempla la posibilidad del alta médica en el caso de que el paciente no acepte el tratamiento ofertado como más aceptable según criterio médico, lo que difícilmente se puede dar en un residente de un geriátrico sin generar una situación de desamparo. El cuidado sin sujeciones es una realidad posible, que obviamente requiere de la aplicación de medios por parte de la residencia (formación, técnología, recursos humanos…), medios que  deberían ser conocidos e informados como alternativa por el médico, e idealmente informados como tal posibilidad. La realidad puede ser más cruda, ya que el sistema de atención a la dependencia durante años no ha podido garantizar, entre otras cuestiones, la profesionalidad y formación de los trabajadores, lo que a día de hoy teóricamente ya debería estar solventado.

  • ¿Y si la contención es solicitada por la familia del paciente, o inducida irregularmente por los trabajadores de la residencia, alegando afrentas de las cuales son ellos únicos testigos?

El médico debe respetar la lex artis, que está por encima de las preferencias del paciente, y además tiene obligación de lealtad y honestidad para con él. En ese caso, si como médico no aprueba la medida,  deberá especificarlo así.

Si aún así comprueba que la familia o la residencia aplicaran la contención, como profesional se vería obligado a comunicar el hecho a sus superiores, así como a la autoridad judicial o al ministerio fiscal (Art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) puesto que se trataría de una vulneración de derechos fundamentales por partida doble (derecho a la libertad, y a la información), en una persona en situación de posible vulnerabilidad. De igual modo estaría obligado a comunicar sospecha de infracción, si casualmente observa, en el ejercicio de su trabajo, contenciones irregulares o injustificadas en personas distintas a la que está asistiendo en la residencia.

  • ¿Qué repercusión tienen la irregularidades en la tramitación del consentimiento informado?

La tramitación irregular u omisión de un consentimiento informado necesario se considera “mala praxis”, puede tener para el profesional y la institución repercusiones legales administrativas, civiles e incluso penales.

Si el consentimiento está viciado, al no conocer el paciente las consecuencias de la intervención, los riesgos, las posibles alternativas y las contraindicaciones, se considera un consentimiento nulo.

Para la jurisprudencia, la existencia de un consentimiento informado no obliga al paciente a asumir cualesquiera de los riesgos derivados de una prestación asistencial inadecuada, ni tampoco está obligado a asumir un mal funcionamiento del centro.

El médico y el centro tienen obligación de medios, no de resultados. Aquí reside otra peculiaridad del consentimiento de contenciones prescritas por médicos dependientes del sistema sanitario: el médico normalmente valora e informa, pero no aplica ni la supervisa directamente la sujeción ya que ello depende de trabajadores del ámbito social. Por tanto, en teoría el médico sólo se responsabilizaría de la adecuada valoración que sustenta la toma de decisión, pero la obligación de medios conforme a sus recomendaciones correspondería a la residencia (por ejemplo, las posibles alternativas no farmacológicas a la contención, en el tratamiento de trastornos psicoconductuales) .

En un principio la ausencia de consentimiento informado sólo se consideraba indemnizable si existían daños físicos. Las últimas sentencias han reconocido que la falta de consentimiento informado en sí misma se debe indemnizar como un daño moral autónomo.

La cuestión es que en el caso concreto de consentimientos omitidos en contenciones no existe tanta jurisprudencia como para las cirugías, por ejemplo. Teniendo en cuenta que el uso irregular de sujeciones sin mediar un consentimiento informado podría incumplir los estándares frente a las medidas cohercitivas establecidas por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, tal vez se podría argumentar la comisión de daños tales como la vejación, la tortura …(opinión propia)

 

(Información extraída fundamentalmente de: Responsabilidad penal por daños producidos por omisión o deficiencia del consentimiento informado en tratamientos médicos-quirúrgicos http://www.aeds.org/XXIIIcongreso/ponencias/TFM-Johanna-E.Merizalde-Veliz.pdf)

Varios modelos consentimientos informados que se ajustan a la legalidad son los siguientes:

  • de Confederación Española de Organizaciones de MAyores (CEOMA)

CONSENTIMIENTO CEOMA

CONSENTIMIENTO PROTOCOLO NAVARRA

Durante la estancia de D. José en dos residencias geriátricas públicas, me ofrecieron  como su tutora al menos tres PAPELES para someterlo físicamente con uso de sujeciones mecánicas. Ninguno de ellos fue presentado ni informado por el médico, aunque los protocolos del centro geriátrico sí lo incluían como parte inexcusable del proceso de contención, lo que me corroboró el propio Defensor del Pueblo al pedirle amparo por las desavenencias que surgieron.

derechos y deberes

Tengo que confesar que la primera vez que me presentaron uno de estos papeles era absolutamente ignorante del tema, aunque D. José ya había sufrido consecuencias adversas por su uso (úlcera de presión en el talón por fricción en la cama del hospital  por intentar zafarse de un cinturón de sujeción a la cama –sin vendaje de tobillos- y que requirió varios meses de curas;  atención urgente por atrapamiento en las barras de la cama en la residencia) y su actitud me había abierto los ojos a la triste pugna por la dignidad que sería el   resto de sus días.

También hubo varios intentos bochornosos de imponer el consentimiento, y –como no- aplicación de contenciones porque sí.

Estas fueron las situaciones:

23/8/2013: PAPEL que me dio a firmar la directora del geriátrico, con el fin de autorizar uso de contención con silla-trona y barandillas en la cama, sin prescripción médica, sin especificar duración de la medida, sin detalle de posibles riesgos ni alternativas, sin constancia de medidas de supervisión y sin documento revocatorio anexo. ¿Motivo? Contradictorio entre la información verbal (“no puede pasear por el pasillo”), y lo que vagamente recuerdo que figuraba –si es que figuraba- en el PAPEL (¿prevención de caídas?). No se me entregó copia. El precipitante de la entrega fue mi solicitud al médico de ajuste farmacológico de los psicofármacos prescritos por teléfono días previos, que estaban siendo mal supervisados (siendo benevolente) por las enfermeras, ya sus efectos adversos eran más que evidentes (sedación excesiva, descoordinación, caídas repetidas desde la prescripción…), por lo que además hubo de requerirse atención en urgencias. Firmé el PAPEL, temerosa por la situación de sobremedicación en la que estaba, dejándome seducir con las promesas de bienestar.

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La obsesión de la directora y del personal por evitar que los residentes caminaran por el pasillo (y su extraña consideración de que debían llegar a su habitación ¿levitando?) llegó a límites insospechados.

La noche del 23 al 24 de agosto fue noche de insomnio, recordando los gustos y los deseos de D. José (“yo no he cometido ningún delito, no tengo que estar atado”), mi compromiso  ante el juez como su tutora  (“Velar por los intereses del tutelado, procurarle alimentos y promover la recuperación de su capacidad y mejor inserción social”) y mis conocimientos y convicciones como persona y profesional.

24/8/2013 : envié por correo un PAPEL revocatorio del consentimiento firmado el día previo enviado, dejando constancia clara de lo que consideraba que suponían las condiciones de su cuidado digno y saludable, dentro de las posibilidades del medio, es decir, mostrando flexibilidad para poder usar contención en los casos (supuestamente excepcionales) de que no hubiera custodia. Flexibilidad que mostré porque, en un centro que se suponía diseñado para atender a personas con discapacidades, las barreras arquitectónicas eran ciertamente increibles, altamente peligrosas para una persona desorientada (ascensor que se cerraba en segundos, escaleras situadas justamente enfrente de la sala de estar, pasillos llenos de enseres que entorpecían posibilidad de uso de pasamanos de apoyo, estancias de libre acceso con bártulos y productos que no deberían ser accesibles…) .

9/10/2013: PAPEL revocatorio definitivo, redactado por la dirección (de nrevocacionuevo sin conocimiento ni opinión de su médico) y que se me dió por mis protestas por el uso continuado de contenciones del que estaba siendo objeto D. José, supuestamente amparadas en la excepcionalidad consentida. La oposición a la medida y situación de angustia con que las vivía D. José eran evidentes (aunque nadie parecía percatarse de ello, aparte de mí), y en ese tiempo D. José hubo de ser atendido de urgencia en una ocasión (15/9/2013) por atrapamiento en las barras de la cama. 

28/2/2014 (viernes por la tarde): PAPEL de consentimiento informado que me dio por la enfermera, ante inquietud vespertina y tendencia meterse en habitaciones ajenas, desorientado, para acostarse.  En el PAPEL sorprendentemente se especificaba que era medida acordada con el médico, que ni estaba, ni se le esperaba. Añadí una nota de mi puño y letra, especificando la falsedad de este punto, así como una serie de condiciones no especificadas: medida puntual, reversible… Tampoco se me entregó copia.

2/3/2014: reclamación por la extralimitación abusivo de la contención aplicadas (uso de cinturones además de la silla-trona y además las 24 horas sin justificación ninguna).

6/3/2014: llamada telefónica aclarándoseme que estaba siendo grabada, para solicitarme que firmara otro PAPEL autorizando uso de cinturones pélvicos. Sólo quedó claro de la conversación que D.  José se iba a oponer inevitablemente a tal medida.

12/3/2014: nueva llamada telefónica de la directora para requerirme la firma del PAPEL consintiendo uso de cinturones. Tras manifestarle mi oposición a la medida, la llamada hubo de finalizarse, porque la señora sufrió una especie de  enajenación transitoria, y comenzó a proferir gritos con amenazas de expulsión. De ese día es la única anotación que existe en la historia clínica de D. José sobre el uso de contención física, especificada como una pauta en diferido, y sin haber profundizado ni aclarado las circunstancias concretas de “riesgo” ni el potencial real del mismmo.prescripcion contencion

propuesta comite etico25/7/2014: tras requerir amparo al Comité Ético en Intervención Social de Asturias, este emitió un informe corroborando los derechos de D. José de disfrutar de su entorno con las adaptaciones ambientales necesarias para su seguridad. Propusieron un PAPEL como consentimiento informado genérico, sin especificación de riesgos, ni alternativas, ni reconociendo la necesidad de prescripción médica. ¿Argumento que se me dio por el incumplimiento de la Ley 41/2002 de este PAPEL? Que esta Ley es aplicable exclusivamente al ámbito sanitario, y no al social. Y sin embargo, en el PAPEL del consentimiento propuesto constaba que “el personal sanitario del centro…DMXdMp1XUAcqHMU.jpg large

El último semestre de 2014, el acoso para la imposición de sujeciones permanentes se hizo insoportable, ya que el procedimiento de persuasión consistía básicamente en poner en riesgo su seguridad denegándole sus elementos de apoyo para caminar (andador o bastón). La solicitud de traslado fue ineludible, al tiempo que comuniqué al Defensor del Pueblo el desamparo institucional. El Defensor del Pueblo contestó con el traslado ya ejecutado. 

19/1/2015: en el contexto de llegada a una nueva residencia, a la que entregué el informe del Comité Ético en Intervención  Social, el enfermero especificó en su historia social:  “No se aplicarán medidas de seguridad salvo barras en la cama” (lo que supe más de dos años después). Sin comunicación al médico, sin PAPEL de consentimiento, etc, etc. A D. Jose se le encontró varias veces caído en el suelo de la habitación tras acostarlo los meses siguientes, supongo que tras sortear las barras.

17/10/2015: presentación de un PAPEL para consentir el uso de una sábana fantasma, en el contexto de un intento de solventar las quejas de las auxiliares, porque D.  José manipulaba el pañal ante sus urgencias intestinales nocturnas. Mi propuesta alternativa de uso de un pijama especialmente diseñado para esos casos, fue rechazado por los trabajadores por cuestión de su conveniencia (requería abrochar corchetes, lo que al parecer supone un esfuerzo adicional).

De acuerdo con el protocolo de la institución, dada la discrepancia entre los trabajadores y la tutora (apoyada en este caso por el Comité Ético en Intervención Social), se tendría que presentar el caso ante el juez para tomar decisión tras escuchar a ambas partes. No se hizo. Por algo será. ¿Y se están enterando los jueces del nivel de indefensión que están sufriendo los ancianos de este país?

La dignidad de los últimos días de una persona que cuya vida ha sido exprimida para contribuir al “estado de bienestar” español, pueden residir en un PAPEL, un simple PAPEL. Eso que tanto odiamos los profesionales sanitarios.

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¿Qué significa la muerte digna?

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Actualmente está en el candelero político español el tema de la eutanasia. Así directamente, sin el eufemismo de “muerte digna” que tanto gusta en los medios de comunicación o en el propio google (hay 48 millones de referencias en inglés para muerte digna y “sólo” 17 millones para eutanasia).

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Maruja sale de agujero negro

 

Los agujeros negros son los lugares del Universo en donde Dios dividió por cero.

Steven Wright (1955, – ; Massachusetts). Cómico, actor, escritor productor de cine

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El día 14 de octubre fue el Día Mundial de los Cuidados Paliativos.

El 18 de octubre de 2017, @Primera_vocal nos contó cómo un agujero negro se tragó a Ibrahim en la unidad de psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón.

Yo contaré el caso de Maruja, excompañera de D. José en una residencia geriátrica pública de Asturias. Ella sí tenía apellidos, número de la seguridad social, vecinos, familia y emociones. Por eso he podido reconstruir una parte de su historia. Más personas estuvieron cerca de ella, algunas al borde de ser tragadas también.

ADVERTENCIA A LOS LECTORES: los nombres de personas que se utilizan en esta entrada son ficticios, pero se corresponden con personas reales. Las vivencias que relato son una pequeña porción de las que he tenido como implicada en los cuidados D. José, fundamentalmente en dos residencias geriátricas públicas. Obviamente son experiencias personales e intransferibles. No se pretende ofender a ninguna institución, ni a personas concretas, ni establecer comparaciones de ningún tipo.

MARUJA llegó a la residencia en julio de 2015. Era una octogenaria con una enfermedad neurológica degenerativa evolucionada; había convivido y sido cuidada en sus últimos 4 años por su único hijo, que sufría los signos de un cuidador desbordado: sentimientos de soledad, sobrecarga, agotamiento, culpabilidad, desesperanza…. Ambos acostumbraban a hacer largas caminatas juntos, hasta el mismo día de su llegada a la residencia. Su problema es que mostraba problemas conductuales, por ejemplo, pedía auxilio asomándose a la ventana en cuanto se veía sola en casa y sin posibilidad de salir (¿¿??); se calmaba cuando acudía la vecina. Yo recuerdo muy bien a la Maruja de entonces: no aparentaba su edad y tenía aspecto saludable, enjuta, erguida, y mostraba resistencia e incomprensión ante las exigencias del régimen disciplinario de la residencia -no agresiva sin más-, lo que seguramente causaría quebraderos de cabeza a los trabajadores; rara vez se la veía sentada. Respondía con una sonrisa al saludo amable, parecía feliz, estaba aún conectada al mundo, de hecho alcanzó a reconocerme como persona del entorno.  Como llegó en verano, las reuniones del personal organizativas seguramente estaban suspendidas, y la atención la realizaban en general sustitutos del personal habitual. Gracias a ello, Maruja vivió un par de meses  de adaptación a la residencia en libertad, imagino que con sus más y sus menos. Creo que en ese tiempo fue tratada profesional y empáticamente. Después he sabido que tuvo como ángel de la guardia una auxiliar eventual, amiga de la familia.

En septiembre se lesionó (fisura, esguince o similar) por salir de la cama saltando las malditas barras. La excusa perfecta para atarla, en pleno periodo de retorno vacacional de los trabajadores habituales. El día  12 de septiembre la vi por primera vez privada de su libertad deambulatoria, sentada en un sillón-trona, con evidente manifestación de disgusto por la situación. El 24 de septiembre, estaba sujeta con un cinturón a una silla de ruedas y absolutamente desesperada. Me pidió auxilio, me rogó que la liberara incorporándose sobre los reposapiés de la silla en el exiguo espacio que le permitía su atadura: “¡Nenaaaa! ¡Nenaaa…! ¡ Por favoooorrrrr…. ! ¡Mírame como estoy! ¡Esto no puede seeeerrrr….!” Y me mostraba su cinturón, forcejeando con él para retirárselo, inútilmente. Yo hubiera hecho lo mismo en su situación, sin duda.

No me quedé de brazos cruzados. Indignada, el primer día busqué algún trabajador para que la liberaran  pues no se veía nadie a la vista. Ni caso. Llamé al 112 para solicitar auxilio a las fuerzas de seguridad; el locutor se mostró interesado por la situación, ya que seguramente pudo escuchar también la desesperación de Maruja desde el otro lado de la línea. En ese momento acudió pronta una auxiliar que la liberó, murmurando no sé qué sobre un esguince, dirigiéndose a ella con esa voz de buenismo que se pone en esas situaciones, por lo que sobre la marcha informé al interlocutor telefónico que el problema parecía que se había resuelto. Al salir puse queja sobre el incidente, sin respuesta a día de hoy, aunque sí me contestaron 8 meses después a otra cuestión paralela presentada en la misma queja. Mi entrometimiento por la situación de  Maruja fue uno de los detonantes (y no el más grave, por cierto) para que se iniciara de inmediato un expediente de traslado de D. José a una residencia privada, decisión asentada sobre un informe del “equipo pluridisciplinar” de la residencia del 28 de septiembre. Además los trabajadores (directora incluida) iniciaron una conciliación contra mí por medio del sindicato UGT, argumentando que atentaba contra su honor e “incluso había puesto una denuncia relativa a una persona que no era de mi familia”. La conciliación fue debidamente contestada y murió en los juzgados; el expediente de traslado se enredó más y más hasta llegar a la fiscalía.

Mientras tanto, la situación de Maruja empeoró: para “velar por su seguridad” el cinturón de la silla pasó a ser un peto torácico y su silla pasó a tener ruedas. No hace falta ser experto para percatarse de que Maruja empezó a ser medicada para evitar su resistencia, y también empezó a encorvarse en la silla en un tiempo record, evidentemente ya sobremedicada. Incluso algún día la vi con vendajes en las muñecas, signo inequívoco de cómo pasaba sus noches. Hasta su ángel de la guardia la abandonó, bien sea porque dejó de trabajar allí, bien sea por no poder resistir el espectáculo. La exposición pública del sometimiento forzado de Maruja fue obscena, lo que parece prueba de la rutina que suponía para los trabajadores. No me extrañaría nada que alguien lo hubiera documentado con imágenes.

 Parece ser que el hijo de Maruja fue requerido para permitir la sedación que facilitara su adaptación, decisión que presupongo tomada por el equipo pluridisciplinar del centro tal y como figura en el documento de derechos de los usuarios. Estaría conforme, digo yo. Fue el mismo equipo pluridisciplinar que decidió el traslado de D. José a espaldas y para sorpresa de su cuidadora. El equipo pluridisciplinar no tiene médico incorporado. La “opinión de la persona” mucho me temo que fue absolutamente sorteada.

condiciones del centro

Maruja languideció rápidamente. Aún así, genio y figura, autopropulsaba su silla cuando tenía mínima consciencia, recorriendo los pasillos en busca de un escape. Llegó el día que la vi en el comedor incapaz de levantar la cabeza ni, por supuesto, de comer. Creo (y sólo creo) que nadie en la residencia se mostró proclive al ajuste farmacológico, ni se alarmó por su deterioro acelerado, de forma que en ninguno de sus informes clínicos (del sistema sanitario) existió la oportunidad de reflejar aquello de “deterioro no explicable por causas orgánicas”, que de vez en cuando vemos en pacientes atendidos en urgencias.

Dos meses y 10 días duró Maruja desde esa primera denuncia: cuando llegué el 22 de noviembre de 2015 (domingo) vi su expediente sobre la mesa del control. Por diversas razones, sospecho (y sólo sospecho) que el médico de guardia del centro de salud hizo el certificado de defunción por teléfono. Un expediente para ser tragado por el agujero negro. ¿Por qué murió? Quién sabe. Pudo ser parada cardiorrespiratoria – lo que no sería de extrañar en una persona de su edad en sus circunstancias-, un ictus precipitado por los psicofármacos – imposible de valorar en situación de sopor inducido-,  “causas naturales”… incluso inanición. Ese mismo día mandé un email a la cuenta que la policía indicaba en la campaña “Protege al mayor “ de RTVE, y que llegó a alguna parte puesto que no dio error, pero que no se contestó. También tuvo conocimiento la fiscalía más adelante.

Por cierto, meses después, el día 19 de junio de 2016 (domingo), también llamé al 112 con mi móvil hacia la hora de la cena para que asistieran a otra señora de la residencia que decía encontrarse muy mal. A esas horas ya no había enfermero y todas las auxiliares estaban en otra planta. El conserje se mostró muy nervioso, porque le parecía un lío recibir a los sanitarios, y su diagnóstico era que la señora “estaba aburrida”; me prohibía incluso hacer la llamada. El locutor del 112 me respondió que no podía atender mi llamaba si la hacía desde una residencia porque sólo atendían a la de los trabajadores de la misma (¿¿??). Estará grabado. No sé si la atendieron finalmente ese día, pero sí que ingresó dos días más tarde

Poco después del fallecimiento de Maruja llegó GOYO, también con un trastorno neurológico degenerativo de atención compleja y aún más conflictivo en su comportamiento que Maruja, porque además de caminar perfectamente, se empeñaba en reorganizar el mobiliario de la sala. En su vida laboral había instruido a muchos jóvenes. Llegó allí por iniciativa de sus hijos, preocupados por el agotamiento de su esposa y madre respectivamente, en espera de una plaza en otra residencia próxima al domicilio familiar. Goyo llegó ya tratado con tranquilizantes por su previo médico de cabecera, a dosis muy prudentes. Aquí tuvo que cambiar de médico. No me cupo la menor duda: también sería elegido, así que advertí a sus hijos del riesgo que corría de ser destinado a vivir para los restos con sujección en una silla de ruedas. Del tiempo que le calculé sólo me equivoqué en una semana. La excusa en este caso también fue un traumatismo (costal), que seguramente también se hizo con las barras de la cama. Y por supuesto, se le “reforzó” la medicación, con psicofármacos que vulneran por partida triple o cuádruple los criterios Beers y Stopp. En una ocasión, antes de sumergirse en su sopor crónico, le vi jugar a los indios y vaqueros con un pequeñuelo de unos 4 años, nieto de otro residente, ambos encantados. La familia de Goyo vive indignada, se quejan -sólo de palabra- de que les ocultan información sobre la medicación que recibe y, sobre todo, les sorprende que estando atendido por profesionales en ofrecer cuidados a la dependencia y en un ambiente adaptado, su nuevo médico de cabecera aplique procedimientos que no habían parecido éticos al médico anterior, cuando estaba atendido tan solo por otra persona mayor. Goyo es un hombre más joven y fuerte que Maruja, aún vive. Y allí están su esposa e hijos sin faltar a las visitas ni un solo día, apuntando como un triunfo cada día que la apertura de sus ojos es mayor que el día previo, vigilando que no se lo trague el agujero negro antes de poder conseguir el cambio de residencia. Ya llevan 2 años esperando.

También estaba MILA,  una mujer dulce y tranquila, gallega por los cuatro costados, que disfrutaba paseando como pasearíamos cualquiera. Acabó con sujeciones alentadas por su hija, que vive en otra comunidad autónoma, que sólo la visita muy de tanto en tanto, pero que decide por ella. Su hija opina que su madre no rige, así que ya no tiene opción a tomar ningún tipo de decisión sobre su propia vida. Mila se rompió el fémur incluso estando sujeta, tal vez porque lo de escabullirse como sea se ha convertido en su principal objetivo en la vida. Al fin y al cabo, qué otra cosa mejor puede hacer. Mila me intentó convencer más de una vez para que la soltara de sus ataduras, utilizando magistralmente sus armas de gallega, y demostrándome con ello que percibe perfectamente las emociones. Aún viveIMG_20160628_194333

En la residencia se prohibió explícitamente hacer fotos en todo el recinto, y tiempo después se esmerilaron los cristales de la sala de estancia-hacinamiento de los ancianos de plantas de asistidos, de modo que se obstaculizó la visualizacion mutua.

“Prohibido hacer fotos” 6/6/2016

 

La hija de LUIS, residente en el primer geriátrico donde estuvo D. José, hubo de solicitar asistencia de urgencia para su padre por intoxicación con los psicofármacos pautados tras un tiempo en la misma.  Al parecer, los trabajadores se quejaban de que se levantaba de noche y luego se desorientaba al volver a su habitación. Nadie denunció por la intoxicación, así que volvió, y allí sigue, replegándose sobre sí mismo. A su hija le causa una gran angustia ir a verle, así que no lo hace con la frecuencia que le gustaría por higiene mental. Ella es profesional sanitario y discrepa en los cuidados que recibe y que su madre consiente, así que el tema supone un conflicto familiar. Luis ingresó en contra de su voluntad y sin estar incapacitado.

MARÍA estaba en la planta de válidos y pasaba habitualmente sus horas tejiendo labores preciosas que despertaban mi admiración y, por qué no, mi sana envidia por su destreza, como la cota de malla para complementar un traje regional marinero. Era una persona resignada, discreta e inteligente. D. José y yo gustábamos de conversar con ella de vez en cuando. Su discapacidad física la tenía inevitablemente encajada en una silla de ruedas. En enero de 2016 osó negarse a poner el camisón abierto por detrás que los propios pacientes en hospital consideran como indigno, y que incomprensiblemente resultaba obligatorio en la residencia social. Incomprensible porque tenía logo de un centro sanitario, y por tanto se habría obtenido a-saber-de-dónde. Este pequeño detalle desvela ya una gran contradicción de los Servicios Sociales en referencia a lo que reconocen como buen trato, en sus estupendos manuales teóricos.  Para María, de todos modos, el mayor problema era que pasaba frío en la espalda de noche484190-hombre-en-una-bata-de-hospital.jpg. Quiso la casualidad o la mala leche (y muy mala) que, la tuvieron media hora sentada en la silla de ruedas desnuda  tras levantarla la noche de su rebeldía (insisto, madrugada en enero), lo que ella interpretó como una represalia. Se lo contó a su hija, que protestó debidamente a la directora , sólo de palabra. A eso se le sucedieron otros detalles sutiles. La vi por última vez hace un año, bastante desanimada. Supe que el penúltimo desaire fue con la  visita de los Reyes Magos a la residencia este año, fecha en que agasajan a los mayores con una pequeña merienda y regalos. ”La olvidaron” en su silla de ruedas en la habitación, y tuvo que ser acercada a la sala por la familiar de otra residente, que se percató de ello. Murió –o se dejó morir- días después, tras una agudización de su patología base.

PEDRO ya estaba allí cuando llegó D. José. Víctima de un ictus en el año previo, su familia se desvivía por acompañarle dentro del horario que les permitía la residencia. Su mujer estaba mañana y tarde, y nos amenizaba las comidas en el comedor destinado al acompañamiento familiar, cebando a Pedro al tiempo que le “animaba” y reprendía por su torpeza, en un tono y volumen que difícilmente hubiera tolerado cualquier persona cabal. Él, babeando y con la mirada perdida, hacía lo que buenamente podía. A veces se atragantaba y entonces la bronca era doble. Nunca vi a ningún trabajador explicar cómo se tenía que proceder ante una persona en tales condiciones, y el resto de familiares nos mirábamos discretamente, horrorizados. Cuando en asamblea  la Asociación  de Familiares decidió acudir a la Gerencia y la Cossejería de Servicios Sociales para exponer sus discrepancias con los cuidados promovidos por la dirección del centro, la mujer de Pedro no compartió sus argumentos. Pedro se fue pronto, supongo que descansó. No fue el único.

TINA tiene el alma rota tras su labor de cuidadora, aunque su madre murió hace más de dos años, en un geriátrico público de una localidad distinta a la de D. José. Ella y su hermana se desvivieron para darle una vida digna los 15 años que estuvo en la residencia, única posibilidad que tenían para atenderla. Pusieron una reclamación tras otra para dar visibilidad a la gran cantidad de descuidos y negligencias que veían, intentaron hacer una asociación de familiares, y ella se reunió con tres gerentes distintos en ese tiempo para exponerles sus experiencias. Le hicieron un expediente, creo que debido a que un día perdió los nervios. Tina es titulado medio y ocupa un puesto relacionado con los servicios sociales; sabe de qué habla. Sus vivencias hicieron mella en su salud: estuvo de baja durante varios meses, pero ya no quiere hablar de ese tema. Ahora es incapaz siquiera de recordar el nombre de la residencia. Le reclaman más de 80.000€ por una supuesta deuda relacionada con una aplicación irregular de la Ley de Dependencia en Asturias. Tampoco quiere saber nada de eso, así que ha puesto todo en manos de un abogado y ha renunciado la herencia.

Esta semana conocí a Mª LUISA. Fue cuidadora de su madre. Los servicios sociales le ofrecieron un mes en una residencia para “descanso familiar” … y falleció a los pocos días (en noviembre de 2008). Le asomaban las lágrimas a los ojos al contármelo.  También le reclaman por esos pocos días de estancia deuda con recargo del 20%.

D. José tuvo la gran suerte de tener unos estupendos profesionales sanitarios que le siguieron desde el primer día en su enfermedad, que incluso sabían leer entre líneas los anónimos (alguien sabrá por qué digo esto), y además tuvo la suerte o desgracia de tener una tutora farmacéutica.

En la primera residencia pública que estuvo, tuve que llevarlo a urgencias en una ocasión para ajuste de psicofármacos tras un error, presentando además una evidente sobremedicación; meses después vivió el trance que relatamos aquí , tras la cual los problemas continuaron. Sin estar sometido a psicofármacos, él estaba más despierto y fue capaz de mostrarme a alguna persona que se portaba bien y también a algunas – mas de una- que se portaban mal (una de ellas huyó acelerada al verse señalada, y se perdió por el pasillo antes de que pudiera identificarla). La denegación del bastón o  del andador era rutinaria, según la directora porque “a veces no lo coge”(por escrito). Intentaron imponerle la dieta-puré –“como todos”-,  que él no precisaba y además aborrecía, así que también hube de enfrentarme en ese tema. Llegó a mostrar signos de maltrato físico, como retirar la cara cuando acercábamos la mano. Hace 3 años que intento saber quién le atendió en la semana de su fractura de cadera, sin conseguirlo, aunque lo he solicitado por escrito a distintas instancias. DMXdMp1XUAcqHMU.jpg largeEl fin de semana antes de su traslado de centro fueron especialmente incisivos: lo encontré contenido físicamente sin orden médica y medicado con neurolépticos  para los que no se le había realizado receta de fármaco (¿obtenido de botiquín clandestino, por tanto?). El sábado se requirió al médico para ordenar tal contención, que la desestimó. Todo eludiendo su conformidad y/o la mía. Poco después me contestó el Defensor del Pueblo a mi solicitud sobre las condiciones necesarias para proceder a la contención física para la que se le presionaba, ya que a mí no me informaba nadie .

Con el cambio a la nueva residencia, tuvo el evidente síndrome de desarraigo: nuevas caras, espacios, voces y costumbres… y de nuevo la exigencia de que se sentara en silla de ruedas, con los correspondientes conflictos.

En marzo de 2015 cuando llegué un domingo por la tarde, lo encontré golpeado: mejilla derecha, nariz y labios amoratados, arañazos tras la oreja. 2015_03_15 JRR AGREDIDO 2A la pregunta sobre lo qué había pasado sólo recibí la respuesta de una sola persona: “yo no sé nada, estaba tomando el café”. Pero ya no se trataba de quién ni qué había pasado, sino de por qué no lo habían atendido ni curado. No había enfermera y nadie llamó al médico ese día, pero tampoco el enfermero se molestó para ello al siguiente. El técnico de intervención le quitó importancia (“unas rojeces”), así que tuve que llamar yo misma. Por supuesto, vino y lo atendió.

El mismo día 12 de septiembre que vi a Maruja en silla-trona, se dio otro de los muchos incidentes de uso abusivo de silla de ruedas con D. José . ropa interiorY además, oculto lo más recóndito de su armario encontré una camiseta y un calzón completamente destrozados. Fue otra de los cuestiones aludidas en mi queja, que sí fue contestada… ocho meses después. La respuesta fue la de siempre:  culpa del anciano, en un arrebato incomprensible, sin derecho a conocer testigos ni más detalles (¡ojo! que eso implica que, como familiar y tutora, se me deniega conocer el nombre de los trabajadores que asisten a mi tutelado en momentos en los que no estoy presente). Esas dos prendas que se salvaron del agujero negro. Aparte de la queja, decidí sacar la ironía de mis reservas de resilencia.

El 24 de septiembre, cuando Maruja estaba desesperada atrapada por el cinturón, hallé a D. José empotrado contra la mesa para que no pudiera moverse. Procedimiento muy arriesgado para él y su entorno, por cierto, y con presuntas muertes documentadas.

Al primer expediente de D. José le siguieron otros dos sucesivamente fracasados, y que finalmente fueron anulados, tras una época terrible, creo que por mi solicitud de intervención a la sala de Mayores del Fiscal General del Estado, que la derivó a la fiscalía de Asturias, la cual aún así declinó investigar.

La directora del último centro en el que estuvo (que NO es personal sanitario, y careciendo además el centro de médico propio), se atrevió a poner por escrito su discrepancia respecto a las indicaciones médicas que tenía D. José, al tiempo de que se sugirió el uso de un medicamento que tenía formalmente desaconsejado o contraindicado, y que de hecho le pudieran haber resultado fatal.

La documentación e información de ese geriátrico era absolutamente opaca, se realiza en registros de papel que se nos denegó a los familiares por el procedimiento de no contestar  hasta que se les forzó, entregándose entonces unas exiguas notas, evidentemente reelaboradas, por detalles aplastantemente delatadores.

noticia desaparecidaEl centro donde acabó sus días Maruja ya había recibido reclamaciones varias por trato inadecuado a los residentes. De aquellas, los trabajadores se ofendieron y pretendieron limpiar su honor, expuesto en noticias de prensa, interponiendo una querella criminal contra la presidenta de la Asociación de Familiares. La querella se archivó, lo que también se reflejó en prensa local. No se molesten en buscar la noticia, porque se la tragó el agujero negro de la hemeroteca. Pero la noticia existió, como se ve.

Estas residencias son defendidas por los responsables de los servicios sociales por ofrecer la atención de máxima calidad, y además que cumplen las ratios, pero ese no parece el único problema a abordar.

Goyo, Mila, Luis …aún viven , y posiblemente les queden unos cuantos años en los que  sus vidas serán también la vida de sus familias. Y cuando se vayan, las vivencias tal vez estos años sigan en la mente y en el alma de los que se quedan. “Están mejor que en casa” es la respuesta que dan los representantes de la Federación de Asociaciones de Familiares cuando se les exponen casos como éstos. Y todos contentos.

Los gritos de Maruja martillean mi cerebro a menudo. Nadie nos prepara a los cuidadores para soportar esto, al contrario.

 


Dosificada y secreta. A veces subvencionada.

“Los pacientes queremos que nos cuiden. Yo ya acepto que no me curen, pero me costaría aceptar que no me van a cuidar”   

Albert Jovell (1962, 2013) médico y paciente

“Hay normas arrolladoras que pasan por encima de la condición humana. Desde este punto de vista puede suceder que el maltrato no sea tan extraordinario en las instituciones, sino lo cotidiano. El problema es que son formas de maltrato de las que nadie tiene conciencia”

Antonio Burgueño, director del programa Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzheimer de CEOMA

 

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Hoy día 6 de noviembre es el #DíaMundialdelCuidador.

Venga, hagamos la prueba del algodón: búsqueda en Google hoy mismo de

  • “maltrato geriátrico”, 84.500 resultados
  • “maltrato residencias”, 338.000 resultados
  • “maltrato a personas mayores”,  423.000 resultados
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EL MALTRATO INSTITUCIONAL

Existe, aunque se hable poco de ello. Creo que son de interés estas revisiones:

Mientras que en otros países se describen prevalencias de maltrato residencial superiores al 50%,  “Studies in nursing homes were not identified in Spaines la única estimación fiable de prevalencia del maltrato en residencias españolas (afirmación extraída de un estudio comparativo de varios países europeos, 2014). Lo corroboran los investigadores en el  tema, desvelando que no tienen facilidades para obtener permisos para su investigación, lo que no resulta precisamente confortante. Sin embargo sí que existen diversos estudios y estrategias de prevención del maltrato en el ámbito familiar. La OMS considera que el maltrato puede ser aún más prevalente en el ámbito institucional que en el ámbito familiar.

 

Presentación2

En los últimos meses, se está intensificando la necesidad de identificar y visibilizar el maltrato a mayores en general, incluso en la prensa, aunque me temo no se está incidiendo suficientemente en la dificultad de la detección y la práctica imposibilidad de denuncia del maltrato en el ámbito residencial. Parece que existe ya un compromiso para elaborar una ley nacional , cuya aplicación en cualquier caso tendrá inmensas dificultades, siendo la principal que se trata de un problema infradenunciado (sólo 1%, según estimaciones de Jorge Sena, exfiscal del mayor) y por tanto invisible y muchas veces ejercido de manera muy sutil. Los profesionales no denuncian porque existe un fuerte corporativismo y temen a las represalias, los más sensibilizados a veces intentan contrarrestar a escondidas problemas que perciben, hasta quemarse y buscar otras alternativas laborales, si pueden, lo que al final supone un procedimiento de “selección natural”  del personal.

A nivel autonómico, resulta un tanto desalentador, teniendo en cuenta las experiencias que tenemos algunos familiares, que parezca que la fiscalía castiga fundamentalmente el maltrato en el ámbito familiar , aunque difunda sus actuaciones en residencias, con procedimientos y objetivos que parecen alejados a la posibilidad para detectar situaciones como las relatadas en la entrada precedente.

Es buena idea la implicación de profesionales sanitarios en la detección de malos tratos, especialmente en comunidades como Asturias donde las residencias son básicamente de atención social, no sociosanitarias (sin médico propio, la inmensa mayoría de las públicas). Existen buenas  experiencias al respecto. Aún así, es preciso que se les permita lleguen a ser atendidos por el sistema sanitario, la denegación de ello es precisamente una forma de maltrato. Y en todo caso, las instituciones sanitarias tampoco son muchas veces centros ejemplares al respecto.

MALTRATO Y DEMENCIA

La demencia, y la presencia de trastornos neuropsiquiátricos, son factores asociados con el síndrome de burnout de los cuidadores informales,  y con el riesgo de maltrato a nivel familiar.  En las residencias, las personas con trastornos cognitivos son las 2/3 partes y, entre estas la inmensa mayoría tienen alto riesgo de padecen síntomas neuropsiquiátricos en algún momento. De hecho, la demencia y los trastornos conductuales asociados son predictivos como riesgo para la institucionalización.   En un entorno donde conviven muchas personas en situación vulnerable, y muchas de ellas con trastornos conductuales, es de presuponer que aquellas que presentan comportamiento más disruptivo, y que además requieran cuidados más personalizados (y más paciencia), sean susceptibles de recibir las intervenciones más abusivas y desproporcionadas, y por tanto sean las que tengan mayor riesgo de ser maltratadas. Y además, resulta que como a las personas con demencia les falla la memoria y muy frecuentemente también pierden las habilidades de comunicación, lo más probable es que no lo llegue a saber nadie más (pero esto es secreto, no se lo cuenten a nadie).

En abril de 2017, la OMS ha reiterado a los gobiernos la necesidad realizar una respuesta adecuada del problema de salud pública de la atención de las personas con demencia, plan que ya existe en muchos países. En España no hay prisa con este tema.

LAS CONTENCIONES COMO FORMA DE MALTRATO

Las contenciones cohercitivas,  mal planificadas o supervisadas se consideran una forma de maltrato e incluso pueden suponer una tortura según cómo las perciba el afectado, tal y como reconoce la OMS en su Informe Mundial Violencia y Salud, capítulo V.

El uso de CONTENCIONES FÍSICAS, muy prevalente en ámbitos institucionales sociales y sanitarios, ya ha llegado a la sensibilidad política  y el Defensor del Pueblo ya urge a eliminar y regular las mismas. El principal argumento de su uso, la prevención de daños por caídas, carece totalmente de pruebas científicas, incluso para las barras de cama en hospital, sustentándose por tanto en los miedos y las suposiciones de mentes simples. En cambio, sí existen pruebas de daños y muertes violentas (y terribles, véase una pequeña muestra), declive acelerado (discapacidad iatrogénica nosocomial es el término propuesto). La promoción de la movilidad, por el contrario, es la actitud que gana adeptos como procedimiento de prevención cuaternaria, y evitación de caídas. Las contenciones físicas están totalmente desaconsejadas en el caso de personas que sufren delirium, considerándose que además lo pueden precipitar, con alto riesgo de muerte para la persona.

Por cierto, las caídas tienen en las residencias un amplio margen de intervención sin aplicar procedimientos abusivos ni cohercitivos al usuario.

Una  revisión sistemática y metanálisis identifica que la evitación de las restricciones físicas a largo plazo es la manera más eficaz para prevenir el maltrato.

Como suele suceder, el interés por el tema ha sido removido por la prensa, en este caso estival, tras el caso de Cecilia, cuya foto de una extremidad atrapada y amputada por las barras de la cama escandalizó a todos aquellos que la vieron… hasta que la retiraron. Y el fiscal se ha visto obligado a actuar.

Las contenciones físicas tienen que ser consentidas por el anciano. Ni siquiera es excusa para no hacerlo el hecho de que esté incapacitado, ya que esto no quiere decir que sea incapaz de opinar al respecto, de palabra o con gestos, por lo que si la medida se considera ineludible, una oposición requerirá sometimiento a consideración judicial. Una contención física forzada seguramente conducirá a la contención química e incluso el ensañamiento terapéutico.

El término CONTENCIÓN QUÍMICA o FARMACOLÓGICA es poco conocido en el ámbito sanitario, a pesar de que se alude a usos habituales. Se entiende por contención farmacológica la aplicación de psicofármacos a una persona en situa­ción de agitación psicomotriz o de agresividad por razones de seguridad, o, sin base en un trastorno psi­quiátrico o médico diagnosticado, con la intención de limitar su espontánea expresión o comportamiento, o la libertad de sus movimientos, para controlar así una conducta socialmente inadecuada o molesta. En el análisis legal del dr. Beltrán Aguirre (Uso de psicofármacos en personas ancianas institucionalizadas: razones y legalidad aplicable. ESTUDIOS.2016;26(1): 39-62) se establece que la prescripción por ra­zones de conveniencia supone siempre una mala pra­xis y además se niega categóricamente que la prescripción de psicofármacos por razón de conveniencia pueda encuadrarse en el uso de medicamentos fuera de fi­cha técnica. Como contención tiene que responder también a la premisa de “primum non nocere”, y utilizarse únicamente en situación de urgencia, respetando proporcionalidad, y limitación temporal a la causa que lo motiva. De igual manera, debe cumplir la legislación relativa a la autonomía del paciente, dados los altos riesgos que tiene en las personas de edad, generalmente polimedicadas y con diversas comorbiliddes. Es decir, el uso “por si acaso” se considera absolutamente ilegal.

Habría mucho que hablar desde el punto de vista de la (falta de) evidencia científica de calidad aceptable y de la (falta de) ética en los medicamentos usados en la práctica en  este tema, pero en mi experiencia me temo que la cuestión falla por la base: por la falta de un DIAGNÓSTICO PRECISO del problema a tratar, de forma que se recurre al uso de psicofármacos (fundamentalmente antipsicóticos, benzodiacepinas, antidepresivos o “estabilizadores del humor”) de forma grosera, ante la presencia de signos o síntomas inespecíficos, pero que resultan molestos a efectos de proporcionar cuidados. Por tanto, se responde con ello  a un problema social, y no médico, en el que la habilidad y grado de disconfort expresados por el cuidador (o por la dirección del geriátrico, actuando como correa de transmisión) determinan el tipo, duración e intensidad del tratamiento, ya que el paciente raramente puede manifestar su opinión y los familiares no están o no saben/no contestan. Precisamente la imprecisión diagnóstica puede ser uno de los indicadores de la falta de atención adecuada del anciano. De entrada, hay que analizar detalladamente cómo, cuándo, dónde, por qué y con quién se desarrolla el trastorno a tratar (enfoque DICE), no sea que se trate de respuestas coherentes a la interrelación en el entorno, o bien rasgos de personalidad habitual.

 Para el  diagnóstico preciso hay que tener en cuenta tres puntos fundamentales:

  1. El diagnóstico diferencial entre las 3 D (Delirium vs Demencia vs Depresión con psicosis). En las residencias asturianas se ha descrito un 11,7% de casos de casos de delirium, que no es poco. El síndrome confusional agudo puede desencadenarse por el acúmulo de varios psicofármacos , especialmente uso de benzodiacepinas u opiáceos a dosis altas, y también se ha descrito con clometiazol y trazodona en el susodicho estudio. Todo esto se complica, como es lógico, cuando se trata de cuadros clínicos que se superponen con frecuencia: el delirio es más frecuente en personas con demencia, las cuales a su vez suelen padecer o haber padecido depresión (o al menos tener pautados fármacos para su tratamiento).Diagnóstico+diferencial
  2. De considerarse un problema neuropsiquiátrico ligado a Demencia, si se plantea realizar un tratamiento farmacológico, es necesario determinar previamente el tipo de demencia que padece la persona, y fundamentalmente descartar –en la medida de lo posible – la Demencia de cuerpos de Lewy (DCL) -10% al 36% del total de demencias- y la secundaria a Parkinson, ambas relacionadas con padecimiento de grave sensibilidad a los neurolépticos en un porcentaje muy alto de personas, por lo que estos fármacos se deben evitar. La sensibilidad a neurolépticos, de hecho, se utiliza como criterio diagnóstico de la DCL.
  3. Una vez descartada DCL y demencia secundaria al Parkinson, se puede determinar el perfil del trastorno neuropsiquiátrico ligado a la demencia. Existen consensos aplicables, como los Criterios Chrome en síntomas psicológicos y conductuales de la demencia
  4. En cualquier caso, siempre hay que tener en mente el padecimiento de posible iatrogenia farmacológica, si el paciente estaba tratado con fármacos que puedan precipitar reacciones paradójicas, como las benzodiazepinas, que inesperadamente pueden desencadenar agresividad (lo que se sospecha del reciente tiroteo de las Vegas).

Por supuesto, esta secuencia diagnóstica resulta muy teórica en ciertos momentos de urgencia. Y tropieza con la cruda realidad: el tipo de demencia rara vez se especifica (lo normal es tener diagnóstico genérico de “demencia degenerativa primaria” o “demencia mixta”), la confirmación diagnóstica de DCL de hecho en general solo es factible postmorten, y no siempre se tiene a mano un neurólogo o geriatra o profesional debidamente cualificado para hacer diagnósticos finos. Sin embargo, teniendo en cuenta la repercusión futura en la calidad de vida o en los riesgo que se derivan para la persona que será tratada, más allá de la propia urgencia puntual se tienen que realizar esfuerzos para que el principio de “primum non nocere” se hagan realidad también en los casos de personas con demencia.

El tratamiento con psicofármacos en una persona con demencia o dificultad de comunicación es un tema muy delicado porque pueden enmascarar problemas no derivados de esta patología como el dolor, el delirium o una infección, generando más sufrimiento y precipitando más situaciones de agitación, de forma que una prescripción a bulto puede acabar empeorando el problema médico, pero  también el de su entorno.

A groso modo, y en relación a la precisión diagnóstica, hay consideraciones a tener muy en cuenta de los tratamientos susceptibles de uso:

  • Las benzodiacepinas son fármacos desaconsejados en cualquier tipo de delirium. En el caso de insomnio no se deben usar de forma crónica (y desde luego nunca para evitar que la persona se levante de noche); tiene preferencia las medidas higiénicas. La revisión del tratamiento debe hacerse en cualquier caso cada 4 semanas (requisito de ficha técnica). Las de vida media larga son criterio STOPP.
  • Los neurolépticos son fármacos muy desaconsejados en delirio hipocinético, en la demencia de Cuerpos de Lewy así como la demencia ligada a Parkinson, aunque en general en todos los trastornos neuropsiquiátricos ligados a demencia  salvo casos muy graves con alucinaciones y riesgo de la vida del anciano o de personas del entorno (criterios Beers, STOPP, Choosing Wisely de la American Geriatrics Society, American Psychiatric Association . Ante una imprecisión diagnóstica del tipo de demencia si no existe respuesta con neurolépticos y se evidencia empeoramiento de parkinsonismo u otros efectos relacionados, se puede sospechar cuerpos de Lewy, y descartar estos fármacos
  • Los fármacos anticolinérgicos son altamente desaconsejados en demencia y delirium.
  • La levodopa puede precipitar síntomas neuropsiquiátricos, por lo cual la dosificación apropiada, e incluso la deprescripción, es la actitud más adecuada antes de sumar más  psicofármacos a la terapia del anciano.
  • Clometiazol y trazodona son fármacos difíciles de posicionar, por la falta de estudios adecuados, y aún así se usan ampliamente para “tranquilizar”. Ambos se han relacionado con el padecimiento de delirium (estudio en residencias asturianas).

La guía de abordaje integral española para manejo de la demencia, y el Programa interdisciplinar asturiano establecen claramente los pasos a seguir para la prevención y tratamiento de problemas de comportamiento en personas con demencia, anteponiendo las intervenciones no farmacológicas como la modificaciones y adaptaciones ambientales, lo que recae de lleno en los ámbitos residenciales, que deben de estar debidamente instruidos al respecto.

No podemos olvidar que muchos de los psicofármacos susceptibles de ser usados como contención química (benzodiacepinas y mayoría neurolépticos de segunda generación) tienen también restricciones administrativas para garantizar el control de su uso. A pesar de ello, se han utilizado de forma desapercibida, y no hace tanto, como arma letal en una residencia por el que se considera el segundo asesino en serie de la historia española. Eso quiere decir que los controles establecidos para estos medicamentos son a veces demasiado fáciles de eludir en las residencias, por varias razones en las que no entraré.

LOS CUIDADORES –FAMILIARES Y EL MALTRATO EN RESIDENCIAS

Los familiares, amigos y tutores son inevitablemente parte de las residencias y por tanto son agentes activos o pasivos en lo que allí acontezca. Algunos de ellos tienen en sus manos la responsabilidad última del bienestar físico y psíquico del residente, especialmente de los más vulnerables por su discapacidad, ya que de su decisión y actuaciones depende que permanezca en el centro y de que se visibilicen y/o intervenga sobre los problemas que tenga. Está claro que no todos tienen la misma formación ni sensibilidad.

Los familiares tenemos grandes dificultades para identificar las situaciones de maltrato en las residencias. Otras veces no tanto, pero entonces  tenemos todas las trabas del mundo  desde las más diversas instancias para denunciar o actuar:es posible que no podamos o no nos atrevamos a denunciar, también por temor a represalias, por carecer de alternativas mejorables o porque se nos intenta convencer “sutilmente”. En el caso de personas con demencia, de cuidado más difícil – qué duda cabe-, y además especialmente desprotegidas por su discapacidad cognitiva, hay que tener en cuenta que pueden ser “chivatos” muy fiables para los familiares que sepan y quieran interpretar la información que dan: por ejemplo, cuando tienen afasia y repiten insistentemente algo que han oído y que se ha encasquillado en su cerebro, o cuando deniegan el acercamiento a determinadas personas. Claro que para eso se precisa suficiente cercanía, asiduidad y empatía.

Las circunstancias por las que pueda llegar un mayor a una residencia son infinitas. Es posible que ocurra precisamente como vía de escape o alternativa al maltrato familiar, por lo que toparse de nuevo con una situación similar, conducirá a situaciones de absoluta desesperanza, o de aceptación resignada, por falta de alternativas. También puede darse el caso de que tal decisión haya sido tomada por el propio familiar, viéndose impotente y falto de recursos o conocimientos para darle la atención necesaria, o porque se sienta en riesgo de caer en una situación de maltrato familiar como consecuencia de su propio desbordamiento.

Los Servicios sociales se han esforzado mucho en limpiar la tradicional mala imagen de las residencias, lo mismo que en su momento se hizo con los manicomios. Pero sólo desde la publicación de la Ley de Dependencia, se han planteado la exigencia de una formación adecuada de los trabajadores, ello muy recientemente, lo que supone un auténtico lastre para conseguir la profesionalidad esperada en los cuidados residenciales. Al mismo tiempo, para los cuidadores familiares que no claudican en sus funciones, requerir el apoyo de la atención en centros geriátricos comienza a ser un hecho no tan excepcional ni tan mal visto, especialmente para la generación sándwich. Son las mujeres las que tradicionalmente han hecho esa labor, especialmente en España, y las que siguen mayoritariamente sosteniendo el sistema, incluso con sus aspiraciones de mantener sus posibilidades de acceso a trabajos remunerados y de ser madres, en general tardíamente.

Las contenciones de cualquier tipo, y por tanto también los psicofármacos con potencial uso pudieran verse como la solución fácil para los cuidadores informales desbordados y sin formación específica, tentación que tendría que ser reconducida y abordada debidamente con información y apoyos sociales. Los profesionales sanitarios no deberían descuidar la prioridad del tratamiento más adecuado para el enfermo, el más vulnerable de la situación. En un entorno de cuidados residenciales profesionalizados, y además pagados con fondos privados o públicos, el responsable familiar y la persona cuidada necesariamente tienen que rechazar el uso de contenciones como sustitutos de los cuidados bien planificados, o en su caso exigir una información de beneficios/riesgos honesta y veraz, así como el estricto cumplimiento de los protocolos y la actuación de los profesionales que amparan el uso correcto. La institución que oferta los cuidados dignos e individualizados de personas dependientes, con los problemas que puedan tener, debe de incluir todos los medios  y personal con formación humana y técnica necesaria (incluyendo formación sobre los tratamientos no farmacológicos), ello en estrecha coordinación con el ámbito sanitario, o bajo su dirección si ello es preciso o procede Se trata primordialmente  de una cuestión ética y humana, pero también de una protección de los derechos básicos de consumidores  y usuarios (art. 8), tanto presentes como futuros.

De todo lo anterior se puede deducir que la gravedad del maltrato en el ámbito institucional más reprobable (el que se da del trabajador hacia el residente), y a diferencia de lo que ocurre en la intimidad familiar, no radica sólo en que sea ejercido por personas profesionales y pagadas para cuidar, sino porque puede convertirse en un arma de destrucción emocional masiva aunque afecte directamente a una única paresona, ya que puede ser observado y sufrido empáticamente por un gran número de convivientes, familiares o  visitantes. Y además puede resultar un tremendo ejemplo para los niños, presentándoles determinadas situaciones como algo normalizado y socialmente admitido. ¿Podemos hablar de segundas, terceras, cuartas…. víctimas? Por mucho que las instituciones y/o sindicatos se empeñen en tratar de tapar los casos de maltrato para evitar el desprestigio, resulta que esa suerte de censura no sólo no logra esconder el problema, sino que probablemente lo empeora más, por lo alarmante que resulta tal actitud y lo amenazante a nuestro futuro. La desconfianza en los medios residenciales como una opción de cuidado, puede estar en la base de situaciones trágicas como el suicidio colectivo de familias con hijos discapacitados. Tanto más dañino es, cuanta menos credibilidad se les dé a las personas que tengan iniciativas de visibilizarlo, y cuantos más impedimentos se les ponga para aclarar el tema, puesto que adoptar tal decisión de por sí es un acto casi heroico, y tal vez extremo, teniendo en cuenta que el anciano es un rehén de la situación, y que la persona denunciante tiene de mano todo en su contra, inclusive la inmensa soledad por el desentendimiento de otros familiares que “no quieren líos”.

El estudio de la repercusión adversa sobre los familiares o allegados del maltrato de ancianos o dependientes en las residencias tendría que realizarse en paralelo a la del ejercido sobre los residentes. A día de hoy, simplemente contamos con ciertos indicios de los familiares más atrevidos y críticos, gracias a la democratización de la información en las redes sociales. A modo de ejemplo cito unos pocos casos:

  • “Familiar afectado” ha dado el título a esta entrada. Es el resumen de su opinión titulada en realidad “Microensayo: filosofía del (mal)trato en las residencias, en la que describe su visión como “violencia dosificada y secreta”, y establece paralelismos con los campos de exterminio nazis. Es muy significativo que preserve su identidad, lo que no creo que deba considerarse como un acto de cobardía, sino tal vez para proteger a su familiar, del que deduzco aún vive.
  • Tomás Martínez habla de “morideros”, menciona también los campos de concentración y el maltrato en la triste noticia de los ancianos muertos en una residencia en Zaragoza, en la que, por cierto, la única persona enjuiciada ha sido otra anciana enferma.

morideros

maltrato en residencias my alzheimer history

  • Susan Macaulay, hija de una exresidente con Alzheimer canadiense, ha emprendido una cruzada frente al uso abusivo de los neurolépticos en pacientes con demencia, especialmente en residencias, con su web y publicaciones, acercándonos al problema de manera comprensible y cercana.
  1. Aunque de estas opiniones u otras similares no se pueda deducir en modo alguna una situación generalizada, ni siquiera una cuantificación del problema, para el que lo sufre se trata de un tema que más que preocupar, angustia, y que por ello se espera que sea un problema creciente también para los cuidadores de próximos años, teniendo en cuenta la deriva demográfica y la poca importancia que actualmente se le da desde los estamentos que tendrían que abordarlo con mucha seriedad.

    La PREVENCIÓN requiere buenas habilidades de comunicación y fomentar relaciones de confianza, así como instaurar una cultura de apertura y transparencia institucional centrada en la persona cuidada más que en los trabajadores, que son los únicos con capacidad de reivindicación y de ser escuchados a día de hoy. Sería la única manera en la que un cuidador familiar responsable pueda sentirse representado.

    De la regulación de la eutanasia como alternativa legal para una muerte digna y conforme a los deseos expresados en vida (o conocidos por los familiares), ya ni hablamos, por la complejidad e inmadurez del tema en nuestro entorno. Es muy peculiar que las residencias geriátricas no estén obligadas a tener acceso a los testamentos vitales que se han regulado en todas las autonomías (al menos no son accesibles en mi autonomía) . Por desgracia, y aunque lo estuvieran, se están  demostrando fisuras y graves irregularidades en países que la tienen regulada.

 

(Para entender completamente esta entrada, es necesario también leer “Maruja sale del agujero negro” )


No me chilles que no te veo

imagen

The disease “never stole his ability to recognize those that were closest to him, nor took command of his central-gentle-life affirming core personality. It took enough, but not that

Walker Pearman, sobrino de Gene Whilder a su muerte, según reseña periodística de Carleen Wild

Gene Whilder ha fallecido víctima del Alzheimer viendo cumplido su deseo de que no se revelara su enfermedad, para no verse estigmatizado ni defraudar la imagen que de él tenían sus admiradores.

Menos suerte parece haber tenido Vicente, el anciano “caido” en situación indigna cuya imagen, publicada por el diario el Mundo, nos ha conmovido casi a la par, a lo que Mónica Oltra ha salido al paso anunciando una enternecedora medida: se investigará y tomarán las medidas necesarias contra el osado fotógrafo, al parecer un trabajador del centro. Nos han intentado convencer que el problema es la falta de personal, así que los sindicatos han pedido más trabajadores, y el director del centro, que parece que ya sabía del caso, ha dimitido acosado por el escándalo. Los comentarios han llovido de lo más variopinto: unos piden morir antes de entrar en una residencia, otros se preguntan por qué se pagan tantos millones por la TVV, otros que qué pasa con las voluntades anticipadas, e incluso que se lleve la familia al señor a su casa, unos se escandalizan por haber difundido la foto y los otros lo agradecen, porque así saben cómo se invierten sus impuestos.

Y ustedes perdonarán la osadía de discrepar del clamor único, pero la foto que presentan como prueba de caída en absoluto me parece tal. Sí me parece la prueba de una HUÍDA, concretamente una huida frustrada por un mal enganche de su pierna cuando casi lo había conseguido. Y en realidad es un afortunado porque parece que muchos ancianos –nunca sabremos cuántos, 5 por 1000 según SEGG– mueren en estas circunstancias colgados por el cuello o por compresión torácica. Aquí tienen más ejemplos, también con foto. Y si, por un  instante (tranquilos, puede ser breve), nos ponemos en su piel, podremos entender sus razones: estaba atado, obviamente en contra de su voluntad, puesto que el esfuerzo  que aparentemente realizó hasta zafarse de su situación, dado su frágil estado físico, tuvo que ser inmenso. No sabemos nada de si estaba orientado termporoespacialmente, ni de su estado mental previo pero sí que tenía su objetivo bien claro: huir de su situación indigna, en la que además se vería obligado a aguantarse las ganas de orinar y defecar, o en su defecto, dormir sumergido de sus propias orinas y heces, si es que no lo estaba ya. Es la imagen de una persona desesperada.

Y nos pretenden convencer que es prueba de falta de personal, … ¿para…?  Yo lo que veo claramente es un problema de procedimientos de trabajo, de humanidad, de respeto a los deseos de un ciudadano que no es, ni mucho menos, de segunda categoría.

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores se ha pronunciado en el mismo sentido.

En todo caso, nos surge un mar de dudas de lo que le llevó a esa situación:

 ¿Valoró el médico la movilidad del señor antes de decidir  la aplicación de la contención? ¿Le preguntó por su voluntad y conformidad, y tramitó el consentimiento informado? ¿Se lo prescribió, siquiera, un médico? ¿ estaban debidamente registradas las condiciones de uso? ¿Se respetaron? ¿No hubiera sido menos arriesgado dejarle sin barras ni cinturón, con la cama baja, para que pudiera ir al baño, ya que no había personal (al parecer) para aistirle? ¿estaba informada la familia, o fueron ellos precisamente los que decidieron y la residencia  otorgó?

Y luego está lo de la difusión de la foto claro, vulnerando flagrantemente la LOPD y el derecho a la intimidad del buen hombre. Aunque cabría preguntarse también, si estando en tal situación, el señor no hubiera consentido,  e incluso rogado, que se difundiera, para que todo el mundo estuviera al tanto de su infortunio. La familia ha denunciado a diversos medios por atentado contra el honor del anciano. Aquí también estaría en juego el interés publico tal vez, cuyos fondos subvencionan la residencia.

Desde que D. José (91 años, demencia degenerativa primaria) ha necesitado apoyo de cuidados por terceros, bien sea de sanitarios o de servicios sociales, el uso de contenciones impuestas (al principio físicas y últimamente químicas) ha sido sin duda alguna el problema dominante en su calidad de vida, y un gran calvario para su  tutora legal, consciente de la voluntad de su tutelado y de los grandes riesgos que le suponían. “Cuidando al cuidador” le dicen. Por las contenciones físicas impuestas, D. José sufrió una úlcera de talón tras un ingreso hospitalario que precisó  5 meses de curas y recurrió posteriormente, un atrapamiento en las barras de la cama  que precisó asistencia urgente, una caída tras huir precipitadamente después de luchar por liberarse de una silla limitante… Ya no cuela eso de que “es en su beneficio”. Y esta es sólo una de las “anécdotas”:

Durante un ingreso hospitalario, y después de una tarde de sábado en la que hubo de aclararse debidamente a diversos profesionales (auxiliar, enfermera, neurólogo) que D. José no consientía en ser atado, llegó la noche sin posibilidad de acompañamiento familiar, lo que no pareció problema pues D. José se veía tranquilo. A eso de la 1 de la madrugada D. José apareció caminando en el control de enfermería. Había saltado las barras de la cama (que son norma de la casa), y salvado prácticamente todo el pasillo de la planta sin que nadie se percatara, se presupone que en silencio. No es difícil imaginar la escena siguiente: fue deportado a su habitación, al parecer enfadado, “y lanzó el pañal con heces contra la pared”, se le contuvo atándole las muñecas a las barras de la cama y “se pasó toda la noche gritando y no dejó dormir a los demás”. Sus muñecas ocultas bajo la sábana.

La familia sabe que algo que irrita particularmente a D. José es tener el pañal sucio. En tal caso hace todo lo posible por quitárselo, rasga el calzón y el pañal si es preciso y se calma milagrosamente una vez cambiado y limpio. También carece de destreza ya para usar el avisador, y sólo vocea si tiene algún problema que requiera asistencia. Así que parece que su intención era clara: avisar que necesitaba cambio o se encontraba incómodo con el que tenía por haberse ensuciado.

Nadie llamó a la familia, nadie le preguntó si necesitaba algo, simplemente lo ataron, con su visible oposición y su audible protesta cuyas razones parece que no interesaron a nadie. También se hizo caso omiso a la advertencia del médico de guardia reflejada en la historia clínica de que el anciano, por medio de su tutora, había manifestado rechazo a contenciones. Ni se dio comunicación al juzgado, según figura en el protocolo del hospital. Cuando su tutora se asomó a la habitación, muy temprano por la  mañana del domingo, antes de iniciar su guardia laboral,  lo primero que él le dijo fue:

-“Una tijera”

-” ¿El qué…, qué dices?”

-“Una tijera”

-“¿Dices una tijera? ¿para qué?”

Y allí, debajo de la sábana estaba la causa: para cortar las sujeciones. Y se las retiró, claro.

-“¿Ahora estás bien?”

-“Sí, ahora sí.”

D.  José cruzó las manos sobre su pecho y cerró los ojos para dormir. Aún no eran las 8 de la mañana. Y allí se quedó ella con el corazón encogido, contemplando al hombre que -siendo muy pequeña-  consideraba el más fuerte del mundo, e intentando borrar de su mente la imagen de noche de angustia. Poco tiempo pudo quedarse, porque tenía que irse a trabajar.

A día de hoy sigue siendo un misterio la razón por la que no se le puso una mordaza. Al menos hubiera sido más cómodo para los demás.

Y, por cierto, en la residencia en la que vive D. José (pública) está terminantemente “prohibido hacer fotos en todo el recinto”. La opinión del residente (o representante en su caso) no importa. Tendremos que pensar que algo tienen que ocultar.

Aquí es donde uno se acuerda del lema de la campaña francesa “La sujeción que ata anula la confianza en la mano que cura”. ¿En serio queremos más personas y que perpetúen los mismos procedimientos de trabajo? Nos empeñamos en que las personas como Gene Whilder, D. Jose y (suponemos) Vicente, tienen que asumir el beneficio de las contenciones que se les aplican, y la realidad es que lo único que se logra con ellas en generar conflitos que se engrandecen conforme pasa el tiempo, porque ellos  no pierden la memoria emocional. Jamás deberíamos esperar su confianza hacia las “batas blancas” si una sola vez se han sentido mal tratados por ellas. Luego dicen que los ancianos “se agitan” en los hospitales.

Y ahora podemos cerrar los ojos, olvidar la desagradable escena, y pensar que esto no ha sido más que un mal sueño de una noche verano. Shss….Ya pensaremos lo que hacemos cuando despertemos.

Para quien esté interesado en las sujeciones químicas, pronto pueden recibir formación en el simposium organizado el próximo día 21 por la Fundación María Wolff.


El linchamiento de una bloggera /twittera

“Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad”

“Si supiera algo que me fuese útil, pero que fuese perjudicial a mi familia, lo desterraría de mi espíritu; si supiera algo útil para mi familia pero que no lo fuese para mi patria, intentaría olvidarlo; si supiese algo útil para mi patria pero que fuese perjudicial para Europa, o bien fuese útil para Europa y perjudicial para el género humano, lo consideraría un crimen y jamás lo revelaría, pues soy humano por naturaleza, y francés sólo por casualidad.”

Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu (abogado, pensador, político y escritor- ilustrado- francés, Castillo de la Brède 1869 – París 1755)

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Vivimos días convulsos. La brutalidad no sólo nos atemoriza en nuestro refugio europeo, también atenta contra la vida de personas que ejercen su libertad de expresión. Bloggeros y editores  de Bangladesh, por ejemplo, han sido asesinados en nombre de la intolerancia religiosa a golpe de machetazo, lo que ha inflamado las redes sociales. Bangladesh es un pequeño país del asiático abrazado territorialmente por la India y gobernado en forma de democracia parlamentaria, cuyo jefe es a la vez jefe de estado y comandante en jefe del ejército. Dice wikipedia que sus instituciones judiciales y  la aplicación de la justicia son débiles, tal vez porque los jueces de la Corte Suprema  son nombrados por el mismo presidente.

Tengo que respirar hondo para escribir esto.

En un país donde no se concibe que un niño pueda ser rechazado en una escuela pública, ni mucho menos trasladado por el director a otra escuela sin conocimiento ni aviso a sus padres… en un país cuyos servicios de sanidad pública son ofertados a todos sus asegurados sin más cortapisas que los que imponga la ley ….D. José ha sufrido dos intentos de traslado forzoso de su residencia geriátrica PÚBLICA a otra concertada, los días 9 y 13 de noviembre. Supongo que técnicamente sería un secuestro. Previamente su tutora había recibido -sorpresivamente- un documento para la concesión de audiencia ante el trámite administrativo de traslado, al que presentó alegaciones, no respondidas a día de hoy. También se ha personado la Asociación de Familiares del centro para reclamar por la medida, y tampoco tiene respuesta.

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El doble intento de secuestro se ha neutralizado por la negativa prudente de la residencia de destino elegida por no-se-sabe-quien.

No es cuestión de rebajarse a la altura de la(s) persona(s) que han tenido la brutalidad de privar de los derechos y posibilidad de defensa que tiene un anciano enfermo y vulnerable, como cualquier otro ciudadano, según consta en la Ley de Procedimiento Administrativo:Derecho… A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.” En realidad se trata de la  prolongación de una estrategia directiva basada en la represalia hacia los familiares y/o cuidadores disidentes o decididos a opinar sobre los cuidados de sus ancianos y que, en su momento, ante el ninguneo a sus reclamaciones y problemas, osaron acudir a la prensa para denunciar la situación, por lo cual posteriormente se han visto privados incluso del derecho de reunión.

En mayor y menor medida, todos los cuidadores de ancianos institucionalizados tenemos problemas parecidos, eso me han dicho. Los trabajadores sanitarios además tenemos muy presente la maldición de la palabreja que los califica en su historia clínica: “institucionalizado”.  Lo que no siempre tenemos en mente es la influencia de otros participantes de sus cuidados, que sorprendentemente se permiten el lujo de ejercer una especie de reserva del derecho de admisión en centros públicos. Y, desde luego, no a todos los familiares se nos ve con el mismo grado de peligro: tras la primera reunión he vislumbrado el temor que subyace en la medida, que es la molestia que genera la difusión en redes sociales de incidentes que afectan a la residencia .

Ciertamente, tratándose de profesionales  en el “cuidado” de personas dependientes, han dado en el clavo para conseguir el linchamiento de una cuidadora: en una pequeña ciudad como la de D. José, donde tampoco la otra opción de asistencia en residencia pública es precisamente alabaday donde las opciones privadas no mejoran nada, transladar sin previo aviso a un anciano con demencia es un método que cumple el criterio de crueldad suficiente para el anciano y de rebote para todo su entorno. De hecho, D. José tiene esposa e hijo parcialmente dependientes que, al distanciarlo, no podrían volver a verle autónomamente, tiene otro hijo que no está ni se le espera, y el alejamiento de su tutora, unido a un nuevo episodio de desarraigo en sus condiciones, supondrá la aceleración segura de la pérdida de las referencias de su entorno y su pasado que mantiene, privándole de ver crecer al nieto que acude asiduamente para hacer sus deberes mientrar él pasea, y privando al tiempo a su nieto de la participación en el cuidado y respeto que se debe a un mayor dependiente.

Es para sentirse trasportados a los tiempos en los que la Ley de vagos y maleantes, además de la censura, aún estaban en vigor. Nos cabe confiar en que la aplicación de la justicia sea más rigurosa que en Bangladesh.

Mientras tanto, reitero la difusión de una muestra de los tweets que se consideran tan amenazantes, los cuales, por cierto, han tenido la precaución de no incorporar nunca imágenes de personas identificables que no sea D. José, ni tampoco han citado el nombre de la institución o la residencia, porque tengo la seguridad de que se tratan de problemas genéricos y no particulares.

 

 

 

 

 

Y todo en esta tónica…


Un antibiótico cada 8 horas tiene que ser UN ANTIBIÓTICO CADA 8 HORAS

“La mente que se abre a una idea jamás volverá a su tamaño original”.

Albert Einstein, físico alemán, 1879-1955

bacteria

En el #Díaeuropeoparaelusoprudentedelosantibioticos D. José va a servir de apoyo a la reflexión del uso correcto de tan preciosa herramienta terapéutica, en un nuevo capítulo de final incierto. Ello mientras la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica crean comités para reflexionar sesudamente acerca del buen uso de los antibióticos, la OMS no cesa de advertir en el riesgo del desarrollo de resistencias a los antibióticos disponibles actualmente, y se coordinan a nivel europeo unas cuantas actividades de concienciación, con material informativo y datos relacionados de gran valor que se pueden consultar aquí .

Y de paso me centraré en las infecciones urinarias en las residencias geriátricas, uno de los mayores problemas de los ancianos, causa muy frecuente de ingresos hospitalarios, y de muchos otros problemas secundarios.

D. José es un anciano con demencia institucionalizado desde abril de 2013, y en una nueva residencia desde inicio de 2015. Es incontinente y usa pañal desde su instucionalización. Nunca ha sufrido una infección urinaria.

  • 22/7/2015: tras comportamiento anómalo y realización de tira de orina con resultado +++ se le diagnostica infección urinaria. Afebril (toma analgésicos/antipiréticos por dolores en pierna con prótesis). Se instaura tratamiento empírico con ciprofloxacino 500mg /12 hdurante 7 días (antibiótico de uso restringido en el hospital de referencia) por prescripción telefónica . No se realiza análisis sanguíneo ni urinocultivo pre ni post. La historia clínica de centro de salud en esos momentos no está debidamente organizada, y no figura ningún episodio clínico creado con anterioridad a la llegada al centro geriátrico (20/1/2015).
  • 16/9/2015: tras observación de evidente hematuria en pañal y realización de tira de orina con leucos +++ y hematíes +++, estando afebril y en bastante buen estado, se realiza un urocultivo para lo que se precisa sondarle, en principio sin problemas, hasta llegar a un punto en el que se le hizo daño y D. José se rebeló al procedimiento. La enfermera lo achaca al paso por la próstata (¡aunque D. José ha sido intervenido hace 30 años de prostactectomía radical!). Se prescribe fosfomicina 500 mg/8 horas durante  7 días. Siete días después aún persiste la hematuria, lo que la enfermera achaca a un pequeño trauma por el sondaje. Se solicita urocultivo de nuevo, también con sondaje, esta vez ya con la oposición franca de D. José, porque su experiencia previa.
  • 1/10/2015: con persistencia de hematuria ocasional, se le encuentra en estado confusional y en el suelo por la mañana. Afebril. Se remite al hospital de referencia. INGRESO HOSPITALARIO DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE.

Hematimetría: Leu 15,9*10e9/L, segmentados 11,3*10e9/L,  Linfocitos 2%, cayados 24%, hematies 3,6*10e12/L, Hb 10,2g/L, hematocrito 31,1%, prot. C reactiva 4,71mg/dL, creatinina 1,68 mg/d/L (0,97 su penúltima analítica el 11/6/2014 y 1,29 la previa del 15/9/2015) , filtrad0 glomerular 35 mL/min/1,73m2.

Examen microscópico de orina: flora bacteriana abundante leucocituria intensa, hematuria ligera, histiocitos, macrocristales de fosfato triple, cilindros hialinos

Antibiograma:se aisla Proteus mirabilis >1.000.000ufc/mL sensible a ampicilina, amoxicilina/clavulánico, ceftriaxona, gentamicina; resistente a ciprofloxacino, cotrimoxazol, norfloxacino

Se trata con amoxicilina/clavulánico 1g/200 mg IV cada 8 horas (9h-17h-01h) en hospital y 5 días más al alta con dosis oral (comprimidos) de 875/125 mg.

  • 13/10/2015: nueva hematuria. Afebril. En conversación con la tutora, la enfermera comenta que ha escupido algún comprimido. La obtención de muestra de orina el 16 de octubre fracasa porque se intenta nuevo sondaje y D. José se opone. muestra orinaEl geriátrico le remite a urgencias de hospital  para que intenten el sondaje, allí le colocan un dispositivo externo para obtener la orina en bolsa.  Sin problemas, y además con buena colaboración.

El análisis del sedimento de orina es prácticamente igual al del 1/10/2015; se aisla también P. mirabilis con similar resultado de antibiograma, aunque en este caso sensible a cotrimazol y resistente a fosfomicina.  En urgencias se prescribe  15 mL/8 horas  de suspensión de amoxicilina 250mg/ácido clavulánico 62,5mg/5mL, presentación inicial en polvo, de uso habitual en pediatría, que requiere agitación del frasco antes de la carga en la jeringa que se utiliza al efecto, y conservación en nevera hasta el momento de uso, es decir, un cierto cuidado hasta el propio momento de administración.

En conversación con el personal del geriátrico, la tutora pide aclaración acerca de los horarios de administración de los antibióticos, y efectivamente comprueba que los medicamentos cada 8 horas se administran en pauta desayuno-comida-cena (o sea: a las 10 h- 13 h – 19:30 h en la planta de D. José). Y así en todas las residencias geriátricas públicas de la comunidad autónoma, al menos en aquellas con dos turnos de enfermería. Se le asegura que son los “procedimientos de trabajo”. (¿¿??). Tras un cierto regateo, consigue un cierto compromiso de que se espacien los intervalos diurnos, al menos ajustándose a la primera y última hora de horario de enfermería como puntos extremos de administración.

El 3/11/2015 se recoge nueva muestra de orina (control post), con los dispositivos de recogida similares a los aplicados en el hospital previamente, adquiridos al efecto por la familia (45 €), ya que la residencia no dispone de ellos y los médicos están ausentes. Como tardaba en orinar, se dejó a D. José con el dispositivo colocado durante tiempo indeterminado; esta muestra da como resultado “flora mixta” por posible contaminación, lo que obliga a tomar otra el 6/11/2015, en la que se aisla el mismo Proteus que las muestras anteriores.

  • Ante el empeoramiento evidente de estado, el 7/11/2015 D. José es llevado a urgencias por la familia, y se le hace nueva analítica, placa, sedimento de orina…Se inicia nuevo tratamiento con cotrimoxazol 400/80 cada 12 h y se toma nueva muestra el 17/11/2015. Actualmente está en espera de los resultados del cultivo de orina post.

EN RESUMEN: 5 tratamientos con 4 antibióticos diferentes y 6 presentaciones distintas, dos visitas “domiciliaria” del médico de cabecera, 3 visitas a urgencias hospitalarias, 5 días de ingreso hospitalario, 4 antibiogramas (uno fallido), dos analíticas completas, etc, etc …para combatir una infección urinaria penicilín -sensible y nada complicada en inicio.

A simple vista, el caso de D. José ha transgredido al menos los puntos  6, 8 y 9 del Decálogo de Buen Uso de Medicamentos.

En realidad el punto 5 también estuvo a punto de transgredirlo porque al alta hospitalaria, y antes de disponer del antibiótico adquirido por receta en la residencia -que carece de Servicio de Farmacia-, le propusieron  realizar la continuación de tratamiento usando los “sobrantes” disponibles ( y que no se entere nadie de esto ¿eh? Es que les sienta mal que lo difunda). Sin duda se hizo con buena fe, por supuesto.

No es difícil vislumbrar las posibilidades de propagación de gérmenes hospital-comunidad con este vaiven de ancianitos toqueteados por muchas manos
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Desde el momento del diagnóstico hasta el final del tratamiento antibiótico de un anciano en residencia geriátrica  (y concretamente de un varón con demencia) hay muchas dudas que resolver, algunas  de ellas estupendamente explicadas en la revisión sobre riesgos asociados al uso de antimcrobianos en personas mayores.

1.- Ante una infección urinaria en residencia geriátrica…¿ Se debe realizar antibiograma?

La ortodoxia de la consideración en una primera infección urinaria ordinaria, sin complicación aparente, no tendría por qué realizarse urocultivo, lo que avalan las guías de práctica clínica.

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En residencias con alta prevalencia de infecciones, especialmente por gérmenes multirresistentes, en ocasiones se podría recomendar los urocultivos con mayor asiduidad.

A partir del segundo tratamiento antibiótico, ante la presencia de hematuria macroscópica persistente u ocasional, a pesar de la ausencia de fiebre, es evidente que el urocultivo era necesario para el adecuado control de infección de D.  José.

2.-¿Cual es el antibiótico apropiado en un tratamiento empírico? 

La pregunta no es sencilla. E. coli es el microorganismo más prevalente, y después figuran P. mirabilis y otros bacilos gram negativos. Un estudio en ámbito próximo también apunta a que la ciprofloxacino es el antibiótico más usado, aunque con un alto porcentaje de resistencias (62%).

Se requiere conocer el patrón microbiológico y de resistencias locales, y tener en cuenta las características específicas del paciente: con insuficiencia renal se requiere ajuste de dosis. Una deficiente hidratación puede ocasionar cristaluria asociada a ciprofloxacino, por lo que se debe evitar también exceso de alcalinidad en orina. También puede producir nefritis tubulointersticial.

La amoxicilina/clavulánico puede ser opción adecuada en zonas con bajas resistencias.

3.- Fundamental en las penicilinas: la acción es tiempo-dependiente sobre la concentración mínima inhibitoria (MIC)

Una vez superado el escollo del diagnóstico certero y que se ha elegido antibiótico adecuado como tratamiento, no nos podemos permitir el lujo de realizarlo mal. Hay que tener muy en cuenta la relación farmacocinética/farmacodinamia además de conocer la posibilidad de efecto postantibiótico, lo que guía el procedimiento más apropiado de administración. En realidad, estos detalles de acción se conocen mediante estudios de cada antibiótico frente a cada microorganismo. Los betalactámicos poseen actividad dependiente de tiempo: una vez alcanzadas concentraciones apropiadas, no excesivamente altas, deben mantenerse por encima de la CIM por el mayor tiempo posible. Se sugiere que este tiempo de permanencia supere el 50% del intervalo de dosificación. Por ello, en administración intravenosa algunos expertos sugieren que ciertas infecciones graves se tratan mejor con una infusión continua de estos fármacos, en lugar de la administración intermitente, lo que en realidad tiene como limitante la estabilidad de las mezclas.

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Entre las 19:30h de la tarde y las 10:00h de la mañana siguiente transcurren 14,5 horas, tiempo suficiente para que las concentraciones de la amoxicilina desciendan hasta niveles que pueden ser casi indetectables, dada su corta vida media (aproximadamente 1 hora). Claro que … con función renal alterada estas previsiones pueden variar, aunque se tendría que disponer de más datos para valorar esta posibilidad.

Asimilar el horario “cada 8 horas” a la pauta “desayuno-comida-cena” puede ser aceptable en personas con vida activa, pero no en personas asistidas en residencias geriátricas cuyos horarios de comidas se concentren en periodo inferior a 18 horas. Además el uso frecuente de hipnóticos dificultaría la administración nocturna de fármacos, lo que se debe tener también en cuenta en el caso de que se pretenda una administración “cada 8 horas” de forma correcta. En algunas guias esto se expresa: “Para obtener un máximo efecto antimicrobiano, la amoxicilina se debe administrar a intervalos regulares durante el día y la noche, o lo más espaciado posible durante el día”.

4.- Un poquito de humanidad: tomar la muestra de orina mediante sondaje a un paciente con demencia, que no entenderá la razón del procedimiento, puede no ser una buena idea. Si mantiene su memoria reciente, el profesional puede ganarse un enemigo de por vida… y dificultar enormemente el trabajo futuro de otros profesionales sanitarios. HAY QUE BUSCAR LA FORMA MENOS INVASIVA POSIBLEDE PARA RECOGER LA MUESTRA. Procurar “colaboración” mediante administración de tranquilizantes no es ético (ni legal posiblemente) si existen posibilidades menos dañinas.

Información de última hora (20/11/2015):

Se emite el último resultado del urocultivo y antibiograma post-tratamiento con clotrimazol, con muestra obtenida el día 17/11/2015 (con uso del dispositivo de recogida externo, sin problema):

antibiograma

Recapitulamos: D. José ha estado tratado por infección urinaria (posiblemente la misma) con 5 tratamientos distintos, tres de ellos han resultado resistentes al germen causante. Alguna de las opciones de tratamiento es poco recomendable (gentamicina, posiblemente también ciprofloxacino) por el debut de insuficiencia renal. Mantiene sensibilidad a betalactámicos, aunque la administración correcta del elegido por los médicos resulta poco menos que ardua en su ámbito de atención. Sea o no esta la razón, se ha observado “resistencia clínica” al tratamiento con amoxicilina – clavulánico en dos ciclos distintos.

Veredicto (20/11/2015) para el día de hoy: 

  • se encuentra asintomático (afebril, sin alteración de comportamiento),
  • aunque el 18/11 se ha observado “orina oscura”, en el día de hoy no se aprecia hematuria macroscópica,
  • el análisis sistemático de orina  leucocituria intensa, hematuria moderada y cristales de fosfato triple en orina;
  • el hemograma muestra ligera mejoría de su función renal (creatinina en plasma 1,25 mg/dL), sin leucocitosis…

Se considera que, en el día actual, tiene una bacteriuria asintomática (BA), cuya pertinencia de tratamiento farmacológico es dudosa.( “El manejo y tratamiento de la BA en pacientes con enfermedad renal crónica no esta resuelto en el momento actual, así como tampoco el manejo de la BA por Proteus mirabilis en hombres y mujeres jóvenes”), advirtiéndose con frecuencia sobre el riesgo de sobreuso de antibióticos en ancianos con BA, por posibilidad de padecimiento de efectos adversos y complicación de tratamientos posteriores por desarrollo de resistencias.

De acuerdo con su tutora, se recomienda “observación domiciliaria”, y no se agrega tratamiento antibiótico.

Suma y sigue…

He intentado dar unas pinceladas sobre la complejidad del tema cuando se trata de ancianos con demencia asistidos en instituciones con “procedimientos de trabajo” cerrados y sin posibilidad de discusión.

Como recomendación final, aunque no figure explícitamente en las guíaslo más razonable ante una infección urinaria de un anciano con demencia e institucionalizado es optar por las alternativas antibióticas con mayor posibilidad de éxito (según antibiograma específico o, en su defecto, patrón de resistencias local), siempre priorizando aquellas preparaciones de administración, manipulación y conservación más simple (ej. cada 24 horas o cada 12 horas, que no sea de forma farmacéutica voluminosa ni de liberación modificada,  que no requiera agitación previa ni conservación en nevera…).